La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) ha publicado sus consideraciones sobre el Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se establecen nuevas obligaciones de información para las plataformas digitales que intermedian en el arrendamiento de viviendas con fines turísticos en nuestro país. Sharing España y Adigital celebran esta actuación así como las coincidencias entre las conclusiones de dicho informe y sus alegaciones, y confían en que sirvan para llamar la atención de los reguladores. 

El documento publicado por la ACCO (disponible aquí) analiza si, efectivamente, el Real Decreto de Hacienda “prevé restricciones a la competencia y, si este es el caso, evaluar si las mismas se adecuan a los principios de necesidad y proporcionalidad, y al resto de principios de una buena regulación económica”. Y, en este sentido, advierte que la regulación que afecte a las plataformas digitales no puede suponer restricciones a la “competencia innecesarias o desproporcionadas”.

Adigital y Sharing España se muestran satisfechas con la actuación de la ACCO y también con el resultado del informe que coincide, en muchos de sus puntos con las alegaciones presentadas al propio Real Decreto. 

De entrada el informe subraya que existe una gran diversidad de plataformas y de modelos de negocio que hace que algunas puedan disponer de cierta información y otras no, así como que puedan verse sometidas a regímenes jurídicos diferentes, por lo que no se les tendría que aplicar el mismo nivel de obligaciones. En este punto, la ACCO denuncia la falta de adecuación de la norma a la realidad y la obligación que supone el art. 54 ter de alterar el modelo de negocio de alguna plataforma.

La ACCO llama también la atención sobre la falta de justificación de la medida, ya que ni la memoria ni la norma aportan una justificación para la obligación de información más allá de la genérica de lucha contra el fraude fiscal. Así, recalca que sólo cumple con los principios de necesidad y proporcionalidad (y ello siempre que la plataforma disponga de esa información), la información relativa a la identificación del titular del derecho en virtud del cual se cede la vivienda, el importe percibido y el número de referencia catastral (aunque sería deseable que se admitiera otro dato menos difícil de obtener como el de la dirección).

Por otro lado, la ACCO menciona que el hecho de que la obligación de información sea exigible desde el 1 de enero de 2018 puede plantear problemas para las plataformas. Parte de la base de que algunas plataformas pueden no estar adaptadas para proporcionar esa información y que obtener los datos del art. 54 ter representa una carga de monitorización y una obligación de supervisión de datos que va en contra de la propia esencia de las plataformas.

“Una obligación como la impuesta por el art. 54.ter supone una importante carga administrativa que no comportará otra consecuencia que: (i) la de ser una barrera en la entrada para nuevos operadores, y (ii) la de retrasar o frenar la actividad de aquellos intermediarios que ya participan en el mercado, incluso, pudiendo provocar su salida. […] Esta medida presenta el potencial de afectar al buen funcionamiento del mercado, la innovación y la variedad y la calidad de servicios; es decir, perjudica las condiciones de competencia en el mercado con el consecuente impacto negativo para los consumidores y usuarios”.

Del mismo modo, el informe llama la atención sobre el grave régimen sancionador por incumplimiento de la obligación del art. 54 ter y el posible incumplimiento de la normativa de protección de datos.

Por último, el informe reconoce que la regulación de Hacienda es aparentemente fiscal pero “no se limita a regular un aspecto tributario, sino que supone de facto una regulación de la actividad de las plataformas que actúan como intermediarios“, una denuncia ya realizada por Sharing España y Adigital. A estas plataformas, continúa la ACCO, les serían aplicables tanto la Directiva de Servicios y la Ley de Garantía de Unidad de Mercado como la Directiva de Comercio Electrónico y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información.

Tal y como confirma este informe de la Autoridad Catalana de la Competencia:

“Sería deseable que este tipo de normas fueran el resultado de un proceso regulatorio, transparente y abierto que contara con la participación de las partes implicadas. Un proceso de estas características garantizaría, en mayor medida, el respeto a los principios de una buena regulación.”

Sharing España y Adigital confían en que la iniciativa de la ACCO sirva para llamar la atención de los reguladores y para que el Gobierno reconsidere una  postura que limita la competencia y el desarrollo de la economía colaborativa y digital en nuestro país.


Puedes acceder al informe completo de la ACCO, aquí