La justicia ha vuelto a dar la razón a Blablacar frente a Confebus. Es la segunda victoria de la plataforma colaborativa en la batalla legal con la patronal de empresas de transporte en autobús iniciada en 2015.

sentencia Blablacar

La Audiencia Provincial de Madrid ha sido la última en pronunciarse en el caso Blablacar-Confebus desestimando, esta misma semana,  el recurso que la patronal de empresas de transporte en autobús interpuso contra la primera sentencia favorable a la plataforma, dictada en febrero de 2017.

Recordemos que Confebus demandó a la red social por competencia desleal en mayo de 2015, lo que supuso un caso único en Europa. Ya entonces, el juez desestimó la demanda al considerar a Blablacar una “plataforma, no para organizar el transporte, sino para poner en contacto a particulares que quieren realizar un viaje juntos y compartir gastos”, tratándose, por tanto, de una actividad legal y ajena a la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre (LOTT). Aun así, la patronal de transporte en autobús decidió recurrir ante la Audiencia Provincial de Madrid la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 2, reiterando la acusación sobre la plataforma de realizar una actividad ilegal.

Sin embargo, el juez ratificaba el pasado día 21 que Blablacar no es un medio de transporte, algo que Jaime Rodríguez, director de Blablacar para España, Portugal y Alemania, ha enfatizado en un comunicado publicado tras la resolución: “Somos una red social, no un medio de transporte. Somos una red social de coche compartido que permite a sus miembros compartir los costes inherentes a un viaje sin que los conductores obtengan beneficio por ello”.

Mientras Confebus valora si recurrir la nueva sentencia al Tribunal Supremo, desde Blablacar hacen un llamamiento a “una nueva etapa en la que debe darse por asumido que estamos viviendo un cambio de paradigma en movilidad donde no todo el mundo necesita tener un coche, pero sí tener acceso a viajar en un coche —combinado con otras formas de movilidad—”. Una etapa, apuntan, “en la que es una obligación de la Administración y las empresas colaborar juntos para hacer del coche compartido una solución más para las necesidades de movilidad y sostenibilidad de nuestro país”.