Desde Adigital, la Asociación Española de la Economía Digital, asociación que integra a Sharing España, el colectivo que agrupa empresas de economía colaborativa, queremos manifestar nuestra preocupación y desacuerdo ante la decisión adoptada la pasada semana por la Agencia Valenciana de Turismo de sancionar a diversas plataformas digitales, pues denota la​ falta de comprensión de estos modelos colaborativos o bajo demanda que tiene la Administración y que son prestados a través de plataformas digitales.

Adigital, formada por más de 540 asociados, tiene como objetivo promover y apoyar la economía digital en España en sus diferentes aspectos, entre los que se encuentra el desarrollo de los servicios de la sociedad de la información, el comercio electrónico o los contenidos digitales. Consideramos desafortunada la decisión adoptada por la Agencia Valenciana de Turismo, que además resulta contraria a lo ya manifestado tanto por la Comisión Europea como por las autoridades de competencia españolas a favor de este tipo de plataformas digitales.

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Resulta determinante destacar que las plataformas de la economía colaborativa son prestadores de servicios de la sociedad de la información y, como tales, mantienen una actividad neutra, automática y pasiva, tal y como se determina en la Directiva 2000/31/CE, de comercio electrónico y la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico (LSSI), puesto que estas plataformas realizan una actividad exclusivamente encaminada a poner a disposición de los usuarios un medio técnico, la plataforma digital, para dar visibilidad a los contenidos creados o a las actividades llevadas a cabo por ellos. Por lo tanto, desde Adigital consideramos que estas plataformas realizan una actividad completamente legítima amparada en la normativa ya mencionada.

El origen de esta normativa responde tanto a la necesidad de fomentar estas nuevas formas de innovación y prestación de servicios como para mantener y respetar la neutralidad de la red, no debiendo convertir a estos prestadores de servicios en responsables de funciones que extralimitan las suyas propias como proveedores de servicios de Internet y que entran en la esfera propia de prestadores de servicios de otros sectores o incluso de la administración pública y la justicia.

Esta exención de responsabilidad está relacionada con los contenidos de terceros que se alojan en la plataforma, y sobre los que la plataforma no tiene la obligación de ejercer ningún control, a excepción de los casos en los que se dé un conocimiento efectivo de que una actividad ilícita se esté llevando a cabo. El conocimiento efectivo será tal, de acuerdo al propio artículo 16 de la LSSI, cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse.

Por estos motivos, y teniendo en consideración el contenido del informe informe CDC PROM 14/2015 sobre viviendas turísticas de la Conselleria d`economia sostenible, sectors productius, comerç yi treball de la Generalitat Valenciana, en el que se determina que la Generalitat Valenciana carece de legitimación para la imposición de multas a estas plataformas, entendemos que no se puede imponer un control previo de los contenidos publicados por los usuarios en estas plataformas y no consideramos que la solución a la problemática existente actualmente en algunas comunidades autónomas en relación a los pisos turísticos pase, en ningún caso, por la imposición por parte de las administraciones públicas de sanciones, obligaciones o barreras ajenas a las contenidas en su régimen jurídico.

Desde Adigital, nos ponemos a disposición de la Agencia Valenciana de Turismo y de cualquier otra administración pública para trabajar en acuerdos que, desde el respeto al actual marco jurídico europeo y español que ampara a las plataformas digitales como prestadores de servicios de la sociedad de la información, faciliten un mayor grado de transparencia en todos los sectores en los que la economía digital está impactado más directamente, entre ellos el sector turístico, un sector que tiene un impacto económico en España de más de 6.000 millones de euros.