La fiscalidad es a todos los efectos uno de los principales retos para el desarrollo de la economía colaborativa.

La propia Comisión Europea así lo remarcaba en 2016 en sus recomendaciones en Una Agenda Europea para la Economía Colaborativa:

“Como todos los demás participantes en la economía, los prestadores de servicios de la economía colaborativa deben pagar impuestos. Los impuestos pertinentes incluyen las normas sobre la renta de las personas físicas, el impuesto de sociedades y el impuesto sobre el valor añadido.

Se anima a los Estados miembros a que sigan simplificando y clarificando la aplicación de las normas fiscales a la economía colaborativa. Las plataformas colaborativas deberían prestar su total colaboración a las autoridades nacionales para registrar la actividad económica y facilitar la recaudación de impuestos”.

Esta Comunicación exhortaba a los Estados miembro a liberar el potencial de la economía colaborativa, previendo unas obligaciones proporcionadas y equitativas y aumentando la sensibilidad sobre esas obligaciones fiscales que corresponden a cada uno de los actores del sector.

Siendo necesarias, las obligaciones fiscales no pueden ser una carga para las empresas, especialmente para el sector colaborativo que, con sus externalidades positivas, necesita apoyo y no barreras. Y, en este sentido, parece que es hora de hablar seriamente de modelos y proyectos de cooperación en asuntos de fiscalidad entre las empresas y las administraciones públicas para intentar que la carga administrativa no sea un impedimento para el cumplimiento de dichas obligaciones fiscales.

En qué punto estamos

Actualmente, la administración pública responsable del ámbito fiscal está exigiendo ciertas obligaciones fiscales sin tener en cuenta las peculiaridades de la economía colaborativa y de los sectores que intervienen. Sin distinguir, igualmente, entre quien presta el servicio y quien lo recibe, y en este segundo caso, especialmente, sin tener en cuenta si quien recibe el servicio es realmente un consumidor.

El Ministerio de Hacienda está actualmente preparando un Proyecto de Real Decreto que, entre otros temas, incluye la obligación de las plataformas colaborativas de alojamiento turístico de facilitar una serie de datos respecto a las transacciones que se llevan a cabo en dichas plataformas. El problema viene cuando se le exigen a las plataformas unos datos de los que, por su configuración o modelo de negocio, no disponen; datos que no resultan de ninguna relevancia tributaria y, por lo tanto, son injustificados, o datos que la Administración Pública ya tiene en su poder, como es el número de la referencia catastral, cuya solicitud resultaría innecesariamente gravosa. [A dicho Proyecto, como ya escribí anteriormente aquí, presentamos alegaciones y daremos seguimiento hasta el final del proceso desde Adigital y Sharing España.]

A dónde queremos llegar

La cuestión fundamental que subyace en todas las problemáticas a las que nos enfrentamos hoy día, que no son pocas, es, sin embargo, mucho más sencilla y compleja a la vez: ¿Quiere España apoyar la innovación o regular como se ha regulado siempre, mediante prohibición y la imposición de barreras innecesarias que dificultan tanto el desarrollo empresarial como el acceso de los consumidores a mayor y mejor oferta? ¿Qué modelo de país queremos tener? ¿Qué mensaje queremos lanzar?

Respecto a las actividades de la más pura economía colaborativa, que se llevan a cabo entre particulares, sin habitualidad y sin ánimo de lucro, se da una paradoja en los casos en los que se pretende hacer tributar tanto por IRPF como, especialmente, por el IVA. El que lleva a cabo una actividad de alquiler de vehículo particular o presta algún servicio adicional cuando lleva a cabo la actividad de homesharing está legalmente sujeto y no exento al IVA. Sin embargo, los gastos derivados de dicha actividad no cuentan para ningún tipo de deducción por inversión o coste. Se convierten así en un gasto más, un coste hundido, para el particular titular del bien.

De ahí que, si se defienden los criterios de tributación de estas actividades como rendimientos del capital mobiliario, deba existir también la necesaria contraparte de deducción de los gastos necesarios que deriven del bien que se explota, y que, actualmente, no existe. A esto ha de unirse también la más que necesaria reducción de la carga administrativa y burocrática, que puede ser una absoluta barrera de entrada para un no profesional que realiza la actividad de manera esporádica, y la fijación de un mínimo exento, a partir del cual sea obligatorio cumplir con estos requisitos fiscales.

Por una fiscalidad justa

Tanto las plataformas digitales como los prestadores de servicios de la economía colaborativa están totalmente a favor de la seguridad de sus actividades y del pago de impuestos. Pero está claro que éstos han de ser proporcionados y que las políticas públicas han de ir orientadas al hecho de que, cuanto más se fomenten las actividades de economía colaborativa, más impuestos se pueden llegar a recaudar, por tanto, se hace necesario un incremento de la actividad para incrementar las cifras de recaudación y, gracias a la trazabilidad de las transacciones que tienen lugar en estas plataformas digitales, sacar a relucir lo que antes era economía sumergida.

A día de hoy, y hasta el próximo 3 de enero, la Comisión Europea mantiene abierta una consulta pública sobre Una fiscalidad justa para la economía digital; una oportunidad que, sin duda, aprovecharemos, para reiterar el convencimiento que tenemos de que es necesaria una normativa tributaria justa y equitativa, flexible y adaptable a las características de los diferentes actores que intervienen en la economía digital y colaborativa y que reduzca, de manera ostensible, las actuales cargas administrativas y regulatorias. tanto de particulares como de profesionales.


Artículo escrito por Sara Rodríguez Marín, secretaria general de Sharing España y Public Policy Manager de Adigital.

Recoge las principales conclusiones del encuentro sobre Tributación y Fiscalidad en la Economía Colaborativa que tuvo lugar en el marco de la 2ª edición de Sharing Week. Participaron en esta cita expertos del sector, como Mercedes Ruiz Garijo, profesora de Derecho Financiero y Tributario de la URJC; Francisco Rodríguez, conector de OuiShare; Agustín Baeza, Manager de Políticas Públicas de la Asociación Española de Startups; Juan Franch Fluxà, profesor de Derecho Mercantil de la UIB, y algunas de las principales plataformas que a día de hoy están operando en nuestro país.