ridesharing-app

El pasado 1 de septiembre de 2017, se publicó la Consulta Pública Previa del Proyecto de Real Decreto por el que se establecen normas complementarias al Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en relación con la explotación de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor, las conocidas popularmente como autorizaciones VTC. Días más tarde, el Ministerio de Fomento lo abría a Audiencia e Información Pública.

Esas nuevas autorizaciones VTC que van a entrar al mercado y que vienen mencionadas en el Proyecto que plantea el Ministerio de Fomento están, sin lugar a dudas, removiendo mucho las aguas del sector del transporte urbano. Sin embargo, cabe recordar que estas autorizaciones devienen de procedimientos judiciales que responden a la regulación que estuvo en vigor desde 2009 a 2015. Esta regulación incluye la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Ley Ómnibus) y que derogaba las limitaciones cuantitativas de las VTC, siendo esta normativa derogada a su vez por el Real Decreto 1057/2015 y la Orden FOM/2799/2015. Estas últimas disposiciones fueron recurridas por la Comisión Nacional de la Competencia, cuyo recurso está pendiente de resolución por parte del Tribunal Supremo.

Hace solo unos meses, en respuesta a esta consulta pública, Adigital procedió a la presentación de una serie de alegaciones al citado Proyecto, en las que nos centramos especialmente en el punto último de la Consulta Pública, el que se refiere a “posibles soluciones alternativas, regulatorias y no regulatorias“. Estas son las cuatro cuestiones fundamentales que consideramos el Ministerio de Fomento tendría que valorar.

El respeto a los principios de regulación eficiente

Según han puesto de manifiesto tanto la Comisión Europea como las autoridades de la competencia nacional, catalana y vasca, cualquier intervención pública que se instrumente en la regulación económica, ha de estar justificada por la existencia de fallos de mercado o por la necesidad especial de proteger determinados bienes jurídicos que pudiesen justificar una actuación limitativa por parte de la Administración que se haya motivado como necesaria, proporcional y no discriminatoria.

En palabras de la Autoridad Vasca de la Competencia: “A la hora de realizar cualquier tipo de evaluación respecto de un proyecto normativo se hace imprescindible el conocimiento cabal de la ‘ratio legis’ que lo anima y da sentido pues, considerando que la libertad individual ha de ser tenida en todo caso como ‘Valor Superior’ del ordenamiento jurídico (Art.1.1 C.E.), cualquier clase de regulación que de una u otra forma limite, formal o materialmente, el ámbito de la libertad subjetiva de las personas deberá tener y poner de manifiesto expresamente la razón pública que justifique suficientemente esa legítima intromisión. Entre otros modos de llevar a cabo esa expresa y suficiente declaración por parte del legislador, la Exposición de Motivos, o Preámbulo, de los Proyectos de Ley resulta ser el más evidente y adecuado”.

Así, consideramos que el Proyecto planteado por el Ministerio de Fomento debía cumplir con los principios de necesidad, proporcionalidad, mínima distorsión, eficacia, transparencia y predictibilidad.

Búsqueda de la opción regulatoria que más incida en el bienestar de los consumidores

Las restricciones a la competencia en el mercado del alquiler de vehículos con conductor tienen un efecto negativo sobre el bienestar, especialmente de los consumidores. Esto es así debido a la existencia de límites máximos en el número de licencias, así como en las restricciones normativas que impiden la competencia en precios, originando menor disponibilidad de prestadores del servicio, así como precios menos competitivos. De hecho, la flexibilización del mercado de la movilidad urbana sería positiva tanto para los consumidores, como para los conductores y para las ciudades.

En este sentido, la CNMC ha calculado la pérdida de bienestar de los consumidores en términos económicos, ascendiendo en 2012 a 4.359.464€ en la ciudad de Málaga o a 2.475.293€ en la ciudad de Córdoba, siendo en ambos casos estimaciones conservadoras realizadas por el regulador y publicadas en el Informe Económico sobre las restricciones a la competencia incluidas en el Real Decreto 1057/2015 y en la Orden FOM/2799/2015, en materia de Vehículos de alquiler con conductor – UM/085/15 y acumulados, publicado por la CNMC.

Así, termina el informe de la CNMC estableciendo que, en total, la pérdida de bienestar de los consumidores en 2013 por las restricciones de entrada y de precio en los servicios del taxi asciende a 324,3 millones de euros.

Medidas de autorregulación

Todo marco regulatorio debería aprovechar al máximo la capacidad de autogestión de las plataformas digitales y los mecanismos de reputación y confianza con los que cuentan, dado que ambos han demostrado su eficacia y capacidad de tener en cuenta la satisfacción de los consumidores con respecto a estos servicios digitales ofrecidos por las plataformas. Asimismo, pueden desempeñar un papel activo en la creación de este nuevo entorno regulador, corrigiendo la información asimétrica así como disminuyendo, o incluso eliminando, los costes de transacción existentes, en particular mediante mecanismos de reputación digitales dirigidos a reforzar la confianza de los usuarios.

Por su lado, en el estudio de la la Comisió d’Estudi de les Politiques Públiques en Matèria d’Economia Col·laborativa del Parlament de Catalunya señaló que “uno de los aspectos positivos de la economía colaborativa es que el usuario puede ser ahora consumidor y productor. Representa un cambio en el modelo de consumo que genera nuevas oportunidades y que tiene incidencia en la creación de empleo, en la productividad y en la cohesión social y territorial. Por estos motivos, entendemos, que se debe evitar que se introduzcan restricciones injustificadas a las condiciones de competencia en el mercado, perjudicando la libertad de empresa y reduciendo el bienestar de la sociedad”.

Propuestas de regulación eficiente

Empezando, por ejemplo, por la eliminación de la obligación de alquilar la totalidad del vehículo y permitiendo la posibilidad, tanto al sector del taxi como al de las VTC, de alquilar el vehículo por plazas, lo que conllevaría un impacto medioambiental positivo, una mayor eficiencia en la utilización de los recursos y un aumento de los beneficios para el consumidor, al poder reducir los precios del servicio y aumentar la disponibilidad de vehículos en las calles.

Esta opción de autorizar lo que se conoce como ride pooling, ayudaría al cumplimiento de dos objetivos fundamentales en cualquier política de movilidad:

Esta limitación a compartir el vehículo con conductor, que no se da en el sector del carpooling entre particulares sin ánimo de lucro, imposibilita la entrada de un modelo de negocio que podría “dinamizar la competencia en precios en este mercado, aumentar la accesibilidad a este servicio (…) y contribuir a un uso más eficiente de los vehículos de transporte y de los vehículos privados, con probables efectos positivos en términos de congestión y contaminación y gestión de la movilidad en áreas urbanas”, de acuerdo a lo que desprende el Informe Económico de la CNMC mencionado con anterioridad.

Y todo esto sucede a la par que, poco a poco, y como indicaba al comienzo de este artículo, las autorizaciones VTC siguen llegando al mercado por vía judicial. A dónde nos llevará este escenario es algo que solo podremos saber con el tiempo.


Artículo escrito por Sara Rodríguez, secretaria general de Sharing España y Policy Manager de Adigital.