El pasado 29 de septiembre, el Comité de Empleo y Asuntos Sociales emitió un Dictamen al Comité de Transporte y Turismo del Parlamento Europeo en el que trataba extensamente la laboralidad en la economía colaborativa.

Aunque el Dictamen está especialmente orientado al sector del transporte, se pueden extraer fácilmente conclusiones genéricas para la economía colaborativa. De esta manera, el Dictamen destaca la necesidad de crear un marco de regulación proporcionado que impulse la inversión y el acceso a la financiación, mientras se asegura un crecimiento sostenible y un mercado laboral decente.

El Comité entiende que el surgimiento de la economía colaborativa promueve formas más flexibles de empleo pero que hace falta crear unas condiciones de competencia que sean justas y equitativas. También destaca la proliferación de trabajadores a tiempo parcial y los autoempleados, lo que resulta positivo para la economía y para el mercado laboral.

De esta manera, la economía colaborativa ofrece nuevas oportunidades para que los ciudadanos puedan ganar unos ingresos adicionales; para el empleo de gente joven, especialmente aquellos que buscan trabajos esporádicos y flexibles; una mejor conciliación laboral; y una disminución del desempleo en general.

El Comité destaca la relevancia de las oportunidades creadas por la economía colaborativa para la creación de empleo y el crecimiento inclusivo

Sin embargo, a pesar de estos puntos favorables, destaca que este tipo de desarrollos pueden traer consigo situaciones de precarización laboral; que el trabajo flexible no debe dejar de estar cubierto por las previsiones de seguridad y salud existentes, como la Seguridad Social o coberturas similares, de cara a evitar implicaciones sociales y financieras negativas en el largo plazo; igualmente debe excluir riesgos potenciales como la sobrecarga del trabajador así como ingresos que realmente se correspondan con el trabajo desempeñado.

El Comité, ante todo, pone de manifiesto que hay que fomentar la flexibilidad del mercado laboral mientras también se fortalece la seguridad social y económica de los trabajadores: la reducción de los costes no debería afectar negativamente a las condiciones laborales.

Por otra parte, el Comité insta a los Estados Miembro a que sean capaces de establecer algún tipo de límite a partir del cual se puedan diferenciar las actividades económicas que se consideren prestadas por un profesional de las actividades no económicas prestadas entre particulares o peer-to-peer.

En definitiva, el Comité destaca la relevancia de las oportunidades creadas por la economía colaborativa para la creación de empleo y el crecimiento inclusivo, a la par que enfatiza que la economía colaborativa, como cualquier otro sector, no puede estar exento de pagar impuestos, de cumplir con la legislación laboral existente así como asegurar el cumplimiento de la normativa de protección a los consumidores.

Las plataformas de la economía colaborativa tienen la ventaja de la trazabilidad de las transacciones que suceden dentro entre los usuarios, que debería ser aprovechada para poder cumplir con todas estas normativas de forma más eficiente.

Finalmente, como viene siendo habitual por la falta de datos fiables que existe actualmente en todos los sectores de la economía colaborativa, el Comité insta a la Comisión Europea a seguir recopilando datos (especialmente en el sector del transporte) para poder estudiar el impacto de la economía colaborativa en las condiciones laborales actuales.

Sobre estos temas, sobre el futuro del trabajo y los retos que la economía colaborativa presenta para el mercado laboral y el derecho de trabajo debatiremos el próximo 27 de octubre en la mesa redonda que Sharing España organiza en el OuiShare Fest, y que contará con la participación de Jesús Mercader, del despacho de abogados Sagardoy, con Javier Busquests, de ESADE y Sara Rodríguez, de Sharing España.