El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto por el que se introducen, entre otras medidas, nuevas obligaciones de información para las plataformas digitales que intermedian en el arrendamiento de viviendas con fines turísticos en nuestro país. Un documento al que han respondido la Asociación de la Economía Digital (Adigital) y Sharing España, colectivo que agrupa a las empresas de economía colaborativa y bajo demanda, que advierten de que estas exigencias son contrarias a la normativa comunitaria y estatal y a los principios del mercado interior y de unidad de mercado, e imponen graves obstáculos a la libre prestación de servicios por parte de las plataformas digitales.

Este Real Decreto obliga a las plataformas que intermedian en el alquiler de viviendas turísticas a proporcionar a la Agencia Tributaria información sobre sus usuarios (tanto quienes ofrecen una vivienda como quienes la alquilan) bajo la premisa de evitar el fraude fiscal. Se refiere a datos personales (nombre, apellidos, documento de identidad), referencias catastrales de los inmuebles, e incluso detalles sobre la duración de las estancias, el importe de cada alquiler o la naturaleza del intercambio cuando no exista contraprestación económica.  

A este respecto, el texto definitivo no introduce ningún cambio pese a las alegaciones presentadas por varias entidades y empresas afectadas en junio de este mismo año. Entre esas organizaciones estaban Adigital y Sharing España que lamentan que no se hayan tenido en cuenta sus recomendaciones, pese a la vulneración de ciertas derechos que este Real Decreto supone para las plataformas digitales.

En este sentido, la Asociación Española de la Economía Digital advierte de la ambigüedad de la norma, que no especifica claramente a qué se refiere cuando habla de “plataformas colaborativas que intermedien en el arrendamiento o cesión de uso de viviendas con fines turísticos”. De hecho, explica, el Real Decreto no tiene en cuenta los diferentes modelos de plataformas en el mercado —que van desde plataformas que son solo un portal de anuncios clasificados hasta plataformas que permiten servicios adicionales perfeccionando la intermediación— y sus distintos niveles de trazabilidad de los datos.

Adigital considera también que el Real Decreto de Hacienda establece obligaciones que son contrarias a la normativa que es de aplicación a las plataformas digitales de alojamientos turísticos como Prestadores de Servicios de la Sociedad de la Información —que se rigen por la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI), siguiendo las directrices de la Directiva de Comercio Electrónico y la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)—. Siendo su actividad meramente técnica y automatizada, a estas plataformas no se les puede imponer una obligación de control y/o monitorización de los contenidos, salvo que hayan tenido conocimiento efectivo de la ilegitimidad de la información transmitida o almacenada en sus webs y aplicaciones.

Por otro lado, en relación a la cesión de datos que solicita, la norma no respeta la normativa en materia de protección de datos de carácter personal y ni el principio de relevancia tributaria de dicha información. Según Adigital, afirmar que los datos de identificación del cesionario de una vivienda con fines turísticos tienen transcendencia tributaria sería tanto como exigir a cualquier comercio o establecimiento el suministro de información periódica de los datos de identificación de todos sus clientes.

Esto hace que la propia proporcionalidad de la norma sea cuestionable. Adigital considera que solo debería obligarse a las plataformas a facilitar los datos que estén a disposición del operador con motivo de su actividad y restringido a los datos que le han sido suministrados por sus usuarios. Además, en el caso de la referencia catastral, no resulta ni proporcional ni necesario exigirlo por parte de la Administración tributaria al ser suficiente a efectos administrativos la identificación del inmueble por medio su dirección completa y ser un dato que ya obra en poder de la propia Administración Pública.

Para la Asociación Española de la Economía Digital y Sharing España a favor, en todo caso, de una correcta tributación de las actividades, la imposición de estas obligaciones tributarias supone una clara barrera de entrada al mercado y tendrá un efecto desincentivador de la innovación y el emprendimiento.

Por eso, ambas entidades piden al Gobierno que reconsidere su postura que limita la competencia y el desarrollo de la economía colaborativa y digital en nuestro país.