LAS ACCIONES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID SUPONEN UNA VULNERACIÓN DEL DERECHO EUROPEO

Comuto SA, la matriz de la red social de viajes de coche compartido BlaBlaCar, presentó ayer una denuncia a España ante la Comisión Europea por las prácticas administrativas llevadas a cabo por la Comunidad de Madrid contra la plataforma y dos de sus usuarios. BlaBlaCar considera vulnerado su derecho a la libre prestación de servicios y su libertad de establecimiento dentro del territorio de la Unión Europea, y solicita a la Comisión que adopte las medidas oportunas para evitar que la Comunidad de Madrid continúe con estas prácticas, y a su vez requiera al Estado español que clarifique la legislación aplicable a su actividad.

En la denuncia presentada ante la Secretaría General de la Comisión Europea se indica que las sanciones impulsadas por la Comunidad de Madrid contra BlaBlaCar y dos de sus usuarios son contrarias al derecho de la Unión Europea, en concreto a la Directiva sobre servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico y a las libertades de establecimiento y de prestación de servicios protegidas por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

BlaBlaCar basa la obstaculización de su actividad en tres aspectos:

  1. La exigencia por parte de la Comunidad de Madrid de que tanto los usuarios como la compañía cuenten con una autorización administrativa que ni se ajusta a su actividad, ni se exige en ningún otro territorio de la Unión Europea y que ni aunque quisieran podrían obtener;
  2. La imposición de sanciones a dos usuarios por parte de la Comunidad de Madrid, sin fundamento legal aplicable y sin aportar explicación ni cálculo alguno en las mismas sobre por qué entiende que existe ánimo de lucro;
  3. Que estos procedimientos se ven desproporcionadamente acentuados por las declaraciones públicas de las autoridades de la Comunidad de Madrid, que producen un grave daño reputacional a la compañía al sembrar dudas sobre la legalidad de su actividad.

Dichos obstáculos suponen una vulneración de las libertades y derechos protegidos por el derecho europeo a prestar servicios de la sociedad de la información libremente dentro del mercado único.

 

LA COMUNIDAD DE MADRID: UNA EXCEPCIÓN EN EUROPA

La Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid ha impuesto sanciones no sólo a dos usuarios de BlaBlaCar sino también a la plataforma por “ofrecer y facturar servicios de transporte de pasajeros sin la autorización requerida”. La compañía ha anunciado que las sanciones están en proceso de recurso también en España en vía administrativa y en las posteriores instancias judiciales previstas en la Ley Española, por lo que todavía no son firmes.

BlaBlaCar, que cuenta con más de tres millones de usuarios en España, denuncia la exigencia por parte de la Comunidad Autónoma de Madrid de contar con una autorización administrativa propia de los servicios de transporte, a una empresa que ofrece servicios de la sociedad de la información, desde un país miembro de la Unión Europea a otros 14 Estados miembros de la Unión.

La plataforma denuncia también que las sanciones impuestas a los dos usuarios se basan en exigir una autorización administrativa para la prestación de servicios profesionales a quienes hacen un uso particular de su vehículo y a quienes, de hecho, les sería imposible obtenerla aunque quisieran. La Comunidad de Madrid afirma en sus sanciones que dichos usuarios habrían percibido ingresos superiores a los costes derivados de sus viajes, pero no aporta ni explicación ni cálculo alguno que sostenga esa afirmación. De hecho, tampoco existe en España un umbral legal que marque la diferencia entre la compartición de gastos y la obtención de un beneficio económico; por lo que las sanciones carecen de referencia legal aplicable.

BlaBlaCar denuncia la exigencia por parte de la Comunidad Autónoma de Madrid de contar con una autorización administrativa propia de los servicios de transporte, a una empresa que ofrece servicios de la sociedad de la información

En la misma línea, la propia Comisión Europea, instaba este mismo año en su Comunicación “Una agenda europea para la economía colaborativa” a sus Estados miembros a favorecer el desarrollo de la economía colaborativa y establecía que las plataformas que prestan un servicio de la sociedad de la información, como es el caso de BlaBlaCar, “no pueden ser sometidas a una autorización previa o a ningún requisito equivalente”.

 

BLABLACAR ES LEGAL

El hecho de que BlaBlaCar conociera a través de los medios de comunicación que iba a ser sancionada ha empeorado el daño sufrido por la compañía por la incertidumbre legal, el daño reputacional y la indefensión que supone. Porque aún más preocupantes, a su juicio, fueron las declaraciones de ilegalidad manifestadas por altos responsables del gobierno regional, ante las que cualquier ciudadano podría pensar que BlaBlaCar presta servicios de manera ilegal y que sus usuarios son susceptibles de ser multados.

En palabras de Jaime Rodríguez de Santiago-Concha, director general de BlaBlaCar España y Portugal: Compartir coche es igual de legal hoy que lo ha sido siempre.  Y es un derecho que vamos a defender hasta el final”. Por ello, frente a las sanciones, BlaBlaCar continúa y continuará, según asegura Rodríguez de Santiago-Concha, agotando las vías administrativas y legales para recusar estas sanciones. Y añade: “las prácticas administrativas efectuadas por la Comunidad de Madrid vuelven a situar a España en una excepción incomprensible en Europa, obstaculizando una actividad que tiene más de 400.000 usuarios sólo en la propia Comunidad de Madrid”

 

¿QUÉ ES Y QUÉ NO ES BLABLACAR?

BlaBlaCar es una plataforma tecnológica, que opera exclusivamente de manera online, regulada por la Directiva de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, que permite que sus usuarios, conductores y pasajeros, se pongan en contacto para realizar desplazamientos compartiendo gastos, sin ánimo de lucro.

BlaBlaCar no es una empresa de transporte, ni los servicios que presta pueden considerarse una modalidad de transporte terrestre sujeta a la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT) y por lo tanto ni BlaBlaCar ni los conductores afectados han incumplido la ley.

El hecho de que particulares se unan a una red social para conocer gente con la que compartir los gastos de un viaje no es ilegal y tampoco es una actividad de transporte público de viajeros ni de intermediación en el transporte.