El pasado 15 de septiembre vencía el plazo otorgado por la Generalitat de Catalunya para presentar nuevas alegaciones en relación al Proyecto de Decreto de Reglamento de Turismo de Catalunya.

Desde Adigital presentamos una serie de alegaciones acompañadas de las enmiendas que consideramos fundamentales para que este Proyecto respete la normativa jurídica establecida para las plataformas de alquiler vacacional tanto a nivel nacional como europeo, pues entendemos que el articulado realiza una aproximación errónea, tanto al concepto de compartir casa entre particulares (homesharing), como al de plataformas de alquiler vacacional.

La opinión de Adigital es que el Proyecto contradice todos los informes y posicionamientos existentes que son favorables a la economía colaborativa, así como al modelo de plataforma (marketplace) y que han sido utilizados como base para estas conclusiones. En concreto:

 

RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DE LAS PLATAFORMAS DE LA ECONOMÍA COLABORATIVA

El Proyecto afecta directamente a la actividad de los Prestadores de Servicios de la Sociedad de la Información (PSSI), al aplicarles un régimen de responsabilidad específico en lugar del régimen de responsabilidad que les corresponde de acuerdo a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI) que transpone a nuestro ordenamiento la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva 2000/31/CE). De esta manera, los PSSI se verían sometidos, por un lado, al régimen especial de responsabilidad del artículo 16 de la LSSI, mientras que por el otro estarían sujetos a las obligaciones y el régimen de responsabilidad que les impone el Decreto y que resulta manifiestamente contrario a las disposiciones de la LSSI.

Las plataformas de la economía colaborativa y, más concretamente, las de alquiler vacacional son PSSI en la medida en que proporcionan un medio técnico, una plataforma digital, que pone a disposición de los usuarios para dar visibilidad a los contenidos creados o a las actividades llevadas a cabo por ellos. Por lo tanto, entendemos que les aplica este régimen de responsabilidad dado que la actividad de estos PSSI es meramente técnica y automatizada, lo que implica que no tienen conocimiento efectivo ni control sobre la información transmitida o almacenada en su plataforma.

 

INCUMPLIMIENTO DE LA COMPETENCIA EFECTIVA Y DE LA LEY DE GARANTÍA DE LA UNIDAD DE MERCADO

La Constitución Española (CE) configura un modelo económico en el cual se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado (artículo 38 CE). Como destacó la Autoridad Catalana de la Competencia en su informe IR 22/2015 de septiembre de 2015 sobre el Proyecto de decreto de reglamento de turismo de Cataluña, “en los sectores de libre mercado, la competencia efectiva garantiza la asignación efectiva garantiza la asignación eficiente de los recursos, fomenta la productividad de los agentes económicos e incentiva la innovación. El resultado es una mejora del bienestar del conjunto de la sociedad, pues la eficiencia productiva se traslada a al consumidor en forma de precios inferiores y de una mayor variedad y calidad de los bienes o servicios ofertados”. Por este motivo, se debe evitar que cualquier administración pública introduzca restricciones injustificadas a las condiciones de competencia en el mercado, perjudicando la libertad de empresa y reduzcan el bienestar de la sociedad en general y de los consumidores en particular.

Asimismo, la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de unidad de mercado (LGUM), tiene por objeto “garantizar la integridad del orden económico y facilitar el aprovechamiento de economías de escala y alcance del mercado mediante el libre acceso, ejercicio y la expansión de las actividades económicas en todo el territorio nacional”. Ninguna administración de rango nacional o autonómico puede adoptar normativas restrictivas del mercado ya que, según dispone el artículo 16 LGUM, el ejercicio de actividades económicas “sólo podrá limitarse conforme a lo establecido en esta Ley y a lo dispuesto en la normativa de la Unión Europea o en tratados y convenios internacionales”.

En el caso de los PSSI, éstos despliegan su actividad en todo el territorio nacional y, en ocasiones, también en ámbitos internacionales. Por ello, cualquier obligación que sea contraria al régimen de responsabilidad específico de estos PSSI, obstaculiza significativamente el ejercicio de su actividad a nivel global. Por lo expuesto anteriormente, desde Adigital consideramos que el Proyecto infringe el principio de unidad de mercado y vulnera gravemente los derechos e intereses legítimos de los PSSI, al impedir que éstos ejerzan su actividad de forma uniforme y sin obstáculos injustificados.

Dada la atención que se ha prestado al tema durante los últimos meses y a raíz de las diversas normativas autonómicas que se han ido aprobado en España sobre esta temática, durante la primera semana de octubre, Sharing España celebra la Sharing week con diversas actividades dedicadas a hacer un repaso de la situación actual del alquiler vacacional a nivel tanto regulatorio como social.

No te pierdas el desayuno sobre el alojamiento colaborativo y el ciudadano productor que celebraremos el 4 de octubre en el Impact Hub de Madrid.